POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Cincuenta y ocho horas después de iniciarse la vacunación de niños entre 5 y 11 años y cinco días antes de que finalizara el plazo que obligaría presentar una tarjeta con registro de la tercera dosis de inoculación anticovidiana, el presidente Luis Abinader improvisó un discurso que hirió de muerte el esfuerzo oficial al dejar sin efecto todas las restricciones sanitarias.
“Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad; nuestra manera de vivir”, proclamó con aire triunfal el mandatario y precisó que la protección sería una responsabilidad individual, aunque “se seguirá invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse”.
El “discurso sorpresa” halló fuera de base hasta a los funcionarios del ministerio de Salud Pública que ese miércoles reiteraban la necesidad del uso de mascarillas y advertían sobre el fin de los plazos, hoy 21 de febrero, para completar las tres dosis. Nos quedamos en menos de un 30 por ciento.
Minutos después de las 7 de la noche nadie lanzó petardos ni corrió al malecón a celebrar. Sorpresa e incredulidad.
Al día siguiente los ciudadanos se aferraron a la sofocante mascarilla, como quien resiste que lo lancen a los rieles del tren, mientras los políticos opositores hacían sus tareas.
Algunos prefirieron la interpretación sociológica de que en los momentos de disgustos “los pueblos se oponen a todo” aunque los gobernantes adopten riesgosas medidas populistas para complacerlos.
El improvisado anuncio chocaba con toda la preparación y esfuerzos desplegados por el Gabinete de Salud que dirige la vicepresidenta Raquel Peña para lograr el anhelado 70 por ciento de vacunados que permitiera la inmunidad colectiva o de rebaño y el posterior diseño de un programa de desmonte de las restricciones.
El jueves cayó en picada la vacunación en todo el país.
Escuelas y centros habilitados lucían sin “voluntarios”. Sin la presión de la obligatoriedad, se esfumó el falso interés.
Ese día, al depositar una ofrenda floral ante el Altar de la Patria el ministro de Salud, Daniel Rivera hacía malabares para corregir el estropicio e insistía en que el Covid-19 (como lo consignan los boletines) sigue presente.
Posteriormente, en la resolución que oficializaba la eliminación de las restricciones, el ministerio reiteraba que el territorio nacional seguía declarado como “epidémico” y recomendaba el uso de las mascarillas en espacios públicos y privados.
Y advertía que “será de rigor” el uso de mascarillas en los centros de salud y en el trasporte masivo de pasajeros (¿a quién creer?).
El presidente “derogó”, pero Salud Pública prácticamente lo desautoriza, lo que podría generar conflictos con ciudadanos que usen los citados servicios.
El programa de vacunación que declinó con tendencia a cero antes de las advertencias de limitación de acceso, seguiría, según el organismo sanitario, aunque es evidente el desplome.
Lo que aún no se entiende la razón del precipitado anuncio presidencial, cuando el esfuerzo sanitario iba en otra dirección.
¿Habría sugerido algún asesor un golpe de efecto, para que el ciudadano no desespere y se abra un espacio de reposo en lo que llegan las “grandes medidas” que figurarían en el discurso del 27 de febrero?
¿Se quiso registrar la decisión, previo al tradicional discurso ante el congreso nacional para resaltar que el país fue de los que tomó la delantera en la obtención de vacunas y el primero en levantar todas las restricciones en América? ¿El turismo, de nuevo sin importar consecuencias?
El riesgo ha sido alto para la figura presidencial, porque los ciudadanos han dudado de la pertinencia de una decisión que entienden los expone a mayores riesgos.
Políticamente hubo un resbalón.
